Suman 36 los conflictos mineros debido a protocolos frente al Covid-19, advierte la Defensoría

La agenda del sector minero en torno a la conflictividad social debe ser atendida y con mayor urgencia ante las circunstancias inéditas que plantea el actual estado de emergencia en el marco de la pandemia, sostuvo la Defensoría del Pueblo.

A los conflictos mineros ya existentes en el país se han sumado otros 36 que nacen por las diferencias entre empresas y trabajadores en relación a los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19.

Así lo comentó Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo durante la presentación del informe para el primer semestre del Observatorio de Conflictos Mineros.

“En Espinar y en otros lugares del país, la sociedad ya comienza a moverse porque hay agendas pendientes y porque se han presentado nuevos problemas a los que hay que darles alguna solución. Es necesario que el Estado se comunique con ellos y renueve su compromiso con el diálogo que se vieron interrumpidos en el marco de la pandemia”, acotó.

En esa línea, el responsable del Programa de investigación e incidencia de CooperAcción, José De Echave advirtió que garantizar la seguridad de los trabajadores en las operaciones mineras será uno de los retos que deberá enfrentar el nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas.

“Lo último que se sabe es que los protocolos para el sector han sido modificados en las últimas semanas de junio. Se ha reducido el distanciamiento social en las operaciones mineras de un metro y medio a solo un metro y los comités de seguridad y salud en el trabajo han perdido facultades. Estos cambios generan mayor preocupación. Además, la Federación de Trabajadores Mineros recalcó que no fueron consultados cuando los protocolos fueron elaborados”, aseveró.

A su turno, la congresista por el Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, remarcó que los casi  3 mil trabajadores mineros contagiados por el coronavirus son una evidencia del manejo inadecuado que ha tenido el país en la citada actividad económica.

“Ante la crisis, se ha priorizado la economía sobre la salud de la gente. Lo que debemos priorizar es la vida. Cajamarca, que en las últimas semanas presenta un registro alto de casos de COVID-19, es una suerte de campamento minero de Yanacocha. Los trabajadores pernoctan en la ciudad. Habría que preguntarnos en qué medida estas idas y venidas ha provocado este escenario”, sostuvo.

Participación ciudadana

El panel consideró necesario entender que la conflictividad resulta un suceso histórico para comunidades a lo largo del país, por lo que evitar decisiones arbitrarias y definir apropiados mecanismos de diálogo como la solución a conflictos resulta necesario bajo las actuales circunstancias.

“Hubo conflictos serios y graves, que han generado muertes. Para que no se den, debemos ir a la fuente y hacer el esfuerzo por generar este consenso y resolver temas. No quiere decir que la minería va sí o sí. Buscando el consenso y viendo las bondades y riesgos, se puede llegar a definir si en esa región puede haber minería o no”, dijo el exviceministro de minas, Miguel Incháustegui.

Según la Defensoría del Pueblo, del 2006 al 2019 se registraron 282 personas fallecidas a causa de conflictos sociales. Sin embargo, en el 2019 fallecieron dos personas. Para continuar reduciendo la cifra, es necesario fortalecer los canales de diálogo.

“No se puede hacer una consulta previa a distancia. Entendemos que ha sido desestimada, pero es importante remarcar que cualquier intento de acortar el diálogo o simplificar procesos en consulta previa no puede vulnerar derechos sociales”, agregó Rolando Luque y señaló que a la fecha existen 45 procesos de diálogo ante proyectos mineros.

En esa línea, David Velazco director de Fedepaz, señaló que cualquier intento por establecer procesos como la consulta previa a través de mecanismos virtuales está vulnerando convenios internacionales. Asimismo, pidió al Estado reforzar su posición ante las vigentes mesas de diálogo.

“En Las Bambas hubo mesas de diálogo y reuniones donde no se han llegado a acuerdos importantes. Hay promesas, pero no se cumplen. Los dirigentes se esfuerzan para señalar que el diálogo es la solución. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad, no hay una voluntad expresa por parte del Estado para solucionar los conflictos”, agregó. Este es uno de los casos que recoge el informe para el primer semestre 2020  del Observatorio de Conflictos Mineros.

Fuente: Gestión